Sánchez prioriza la ley de Vivienda frente a la reforma de la 'mordaza'

A estas alturas, el presidente del Gobierno –al que como buen aficionado al baloncesto no le es ajeno el término 'minutos de la basura' aplicado a una legislatura que toca a su fin este año– ya ha asumido que debe priorizar la primera si quiere, al menos, salvar una de las dos. Aunque ninguna es fácil y ambas requieren de una negociación con puntos de fricción muy delicados tanto con el socio en el Ejecutivo, Unidas Podemos, como con los aliados parlamentarios, singularmente ERC y EH Bildu. Fuentes de estas dos últimas formaciones son claras al respecto: «'Mordaza' pinta muy mal; en Vivienda siempre ha habido otra sintonía, dentro de los obstáculos».

Este jueves la comisión de Interior del Congreso de los Diputados convocó una reunión para el próximo martes que será decisiva para saber si hay acuerdo sobre la ponencia de la 'mordaza', aunque desde las filas de los independentistas catalanes deslizan que, incluso si se aprobara, podría apenas tratarse de un espejismo. «Nos debatimos entre tumbarla en la comisión o en el pleno», aseguran 'sotto voce'. Es decir, que dudan entre votar en contra el mismo martes y que no haya una nueva ley de Seguridad ya la semana que viene o votar a favor para que el proyecto llegue a debatirse en el Hemiciclo de la Cámara Baja, un escenario sin duda más solemne y con mayor repercusión pública, y termine ahí su recorrido.

Como informó esta semana ABC, el Ministerio del Interior ya ha dejado claro que no piensa ceder en sus tres líneas rojas, pues rechaza la eliminación de las pelotas de goma como arma disuasiva para la Policía y la invalidación de las declaraciones de los agentes en casos de abusos policiales, así como que la norma entre a regular las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes, algo que el departamento de Fernando Grande-Marlaska estima que debe ser abordado, en todo caso, en la ley de Extranjería, informa Pablo Muñoz.

El enconamiento de las negociaciones es tal que en ERC ya comparan la situación con lo sucedido hace un año con la reforma laboral. Se trata de un precedente nada halagüeño para los intereses de un Gobierno que en aquella ocasión tuvo que recurrir a la geometría variable, con apoyos como el de Ciudadanos (CS), para salvar otro de sus compromisos de investidura, al margen del célebre error en la votación del ya exdiputado del Partido Popular (PP) Alberto Casero.

Encallada por tanto la reforma de la 'ley mordaza', Sánchez ha puesto todas sus energías en salvar la de Vivienda, cuyo anteproyecto salió el año pasado de la mesa del Consejo de Ministros, pero sin que se haya llegado a un acuerdo para culminar su tramitación en el Parlamento.

La norma, de hecho, ha sufrido no pocos vaivenes desde 2020, baste decir que llegó a anunciarse un acuerdo cuando la negociaban Pablo Iglesias como vicepresidente segundo y el socialista José Luis Ábalos como ministro de Transportes, y ninguno, por la obvia razón de su salida del Gabinete, han podido colgarse esa medalla.

El tope a los alquileres y la definición de quién es considerado un gran tenedor de vivienda –en el anteproyecto los que tienen diez o más casas, límite que Podemos pide bajar a cinco y el PSOE está dispuesto a aceptar– siguen siendo los escollos principales. Pero para superarlos, y a diferencia de lo que ocurre con 'mordaza', hay declaraciones públicas tratando de acercar posturas y reuniones privadas «casi a diario», como explican desde ambas partes.

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Aunque a los socios parlamentarios no les ha sentado bien que se haya «filtrado» la propuesta que pretende desbloquear el acuerdo, y que consiste en elevar al 3% el tope a los alquileres el año que viene, lo que supondría prolongar en el tiempo una medida excepcional adoptada en los decretos de emergencia producida por la alta inflación, que se fijó en el 2% primero hasta final del año pasado y luego durante todo 2023.

A la priorización de una ley sobre la otra no es ajeno, tampoco, el escenario preelectoral, con las autonómicas y municipales del 28 de mayo en el horizonte más próximo. A nadie se le escapa que una medida de carácter más social, como la ayuda a los inquilinos, tiene una venta de mayor alcance ante una cita con las urnas, mucho más si es a nivel municipal. Y eso vale para todos los actores implicados en la negociación: el PSOE, que como gran partido que es defiende muchos ayuntamientos en capitales de provincia de España; Bildu, que aspira a lograr un resultado importante en las ciudades vascas, en dura competencia con el PNV y, claro, a ERC.

Baste decir que su portavoz en Madrid, Gabriel Rufián, es el flamante candidato de su partido para obtener el bastón de mando en Santa Coloma de Gramanet, una de las diez ciudades más grandes de Cataluña. 'Sensu' contrario, los cambios que se pretenden en materia de Seguridad están teniendo una importante contestación del sector (más de 154.000 agentes en toda España, sin contar las Policías autonómicas y locales) y, si hubiese cesiones por parte de los grupos minoritarios, sería una situación políticamente incómoda para estas formaciones. Sin olvidar que, pese a la oleada de críticas, el Tribunal Constitucional (TC) avaló lo fundamental de la norma aprobada por el PP, salvo un par de aspectos menores, un hecho que no es baladí para el PSOE.

La ministra de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero, preguntada este jueves en el Congreso por estas dos leyes, admitió claramente su preferencia «por lo que significa para la vida, para la realidad, de miles de ciudadanos, y fundamentalmente de la gente más joven, la ley de Vivienda está más demandada por la totalidad de la población», lo que le llevó a concluir que «igualmente la ley 'mordaza' y su reversión es importante. Estamos más cerca de la primera que de la segunda», concluyó significativamente.

Aunque la buena predisposición y los pasos dados por los socialistas no empecen para que el socio minoritario siga resistiéndose a dar su brazo a torcer. Lo dejó claro en un mensaje en Twitter, la herramienta para los grandes anuncios en Podemos, la líder de este partido y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Tras señalar como «muy urgente» la ley, advirtió que «por desgracia hoy [por ayer] no estamos más cerca que ayer [por el miércoles] de un acuerdo».

Tanto Montero como la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, insistieron durante toda la jornada en ver, en cambio, el vaso medio lleno. La titular de Economía afirmó que «quedan muy pocas cuestiones por cerrar» y que se trabaja en una norma, dijo, «importante» y que permitirá «reforzar el parque de vivienda», sentenció.